En días pasados el país conoció a través de medios nacionales, videos originales donde se observa al dos veces premio nacional de alta gerencia, Álvaro Díaz Guerra, sobornar a una líder del municipio de San Juan del César, con la finalidad de favorecer a su candidato Enrique Camilo Urbina Suárez para los comicios de este 29 de octubre, pero también transportarlo en su camioneta a las diferentes reuniones políticas y diálogos con electores, cuando es claro que ningún servidor del estado puede participar en política, debido a que estas acciones se constituyen en faltas gravísimas según el Artículo 48, numerales 39 y 40, de la Ley 734 de 2002:
“conductas que constituyen faltas gravísimas, sancionables con destitución e inhabilidad general: utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos, y utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista”.
Quien infrinja en esta conducta incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 mínimos legales mensuales vigentes, según la ley.
En lo que va de estas elecciones 2023, tres alcaldes ya fueron suspendidos en el país por los mismos delitos que se investiga hoy a Díaz Guerra: constreñimiento al sufragante, fraude y corrupción al sufragante.
No es la primera vez que Álvaro Díaz Guerra es denunciado ante la fiscalía por hechos de corrupción, pues cerca de 45 investigaciones le cursan al dos veces premio nacional de alta gerencia y alcalde de San Juan del César.
