Este jueves se hizo público que una demanda de nulidad ha llegado al Consejo de Estado en contra de la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgó la personería jurídica a Fuerza Ciudadana en diciembre del año pasado, permitiéndole presentar candidatos en las elecciones regionales de octubre.
Según informes de La Silla Vacía, el reconocimiento de dicha personería por parte del CNE fue respaldado por la magistrada Fabiola Márquez, representante del Pacto Histórico en este organismo y quien ha sido una defensora de la gestión de Carlos Caicedo como gobernador del Magdalena.
A pesar de que Fuerza Ciudadana no alcanzó el tres por ciento de los votos al Senado en 2022, requisito necesario para obtener la personería jurídica, la magistrada Márquez argumentó que el partido tenía derecho a ella debido a su participación en la coalición presidencial de 2018, a través de la cual Gustavo Petro obtuvo una curul en el Senado al quedar en segundo lugar.
La demanda presentada ante el Consejo de Estado busca anular esta resolución, ya que argumenta que los fundamentos del CNE no pueden ser equiparados a los de la Colombia Humana o al fallo de la Corte que restituyó la personería al Nuevo Liberalismo. Además, sostiene que la curul de senador de Gustavo Petro se debe únicamente al derecho otorgado por el estatuto de oposición, el cual es personal y no de la coalición, por lo tanto, se considera un error utilizar dicho argumento de igualdad. También se señala que el CNE, de manera unilateral, está aplicando medidas propuestas en el Acuerdo Final para la Paz, las cuales no han sido reguladas en el ordenamiento jurídico vigente.
La demanda ha sido presentada por la abogada Ximena Echavarría Cardona, miembro del partido Verde Oxígeno liderado por Ingrit Betancour. Echavarría ha solicitado que mientras se resuelve la nulidad, el Consejo de Estado otorgue medidas cautelares para evitar que Fuerza Ciudadana otorgue avales para las elecciones de octubre.
Este caso plantea interrogantes legales y despierta críticas en torno a la decisión del CNE de otorgar la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, generando un debate sobre los requisitos y fundamentos utilizados para conceder dicho reconocimiento. El Consejo de Estado deberá analizar los argumentos de ambas partes antes de emitir una resolución definitiva.
